Con la regla fiscal suspendida, la calificación en su punto más bajo en tres décadas y necesidades de financiamiento de unos US$29,000 millones hasta 2027, el nuevo gobierno pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional. Qué debe el país, qué opciones tiene y qué implicaría un acuerdo.
La deuda externa total llegó a US$247,908 millones en junio de 2026, el 48.6% del PIB.
Sin ajuste, la deuda neta del Gobierno pasaría de 59.7% a 82% del PIB en 2030, según Hacienda.
El 27 de septiembre, el presidente ordenó negociar con el Fondo. Todavía no hay monto, instrumento ni condiciones.
Colombia tiene una reputación que pocos países de la región pueden exhibir: en la crisis de la deuda de los años ochenta fue de los pocos grandes deudores latinoamericanos que no reestructuró su deuda externa. Esa reputación está hoy bajo presión. En 2025, el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, las tres grandes calificadoras rebajaron la nota del país y Colombia quedó fuera de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), un seguro de liquidez que tenía desde 2009.
El 7 de agosto de 2026 asumió la presidencia Abelardo de la Espriella. Su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó a fines de agosto un diagnóstico sombrío: sin cambios, la deuda neta del Gobierno Nacional Central llegaría al 82% del PIB en 2030. Propuso una «Ley de Rescate Económico» con un ajuste de 2.2 puntos del PIB desde 2027.
Un mes después, el 27 de septiembre, el presidente anunció en una alocución que Colombia negociará con el FMI. «Las finanzas públicas ya no aguantan más, el saldo está en rojo», dijo. Hacienda pidió adelantar la misión anual del Fondo (el Artículo IV) y enviará una delegación técnica a Washington. Todavía no hay un préstamo aprobado, ni un monto, ni condiciones pactadas.
«La pregunta ya no es si habrá ajuste fiscal, sino si Colombia lo hará con un ancla externa o sin ella.»Tesis central del informe
Datos más recientes disponibles al 30 de septiembre de 2026.
de deuda externa total (pública y privada) en junio de 2026: el 48.6% del PIB.
de deuda neta del Gobierno Nacional Central proyectada para 2026. El límite legal es 71% y el ancla, 55%.
de déficit total del Gobierno que podría alcanzarse en 2026 sin recortes de gasto, según el comité de la regla fiscal.
calificación de S&P desde abril de 2026: la más baja desde que el país fue calificado por primera vez, en 1993.
de rendimiento del bono local (TES) a diez años. Los CDS a cinco años superan los 200 puntos básicos, los más altos de Sudamérica.
de necesidades de financiamiento: unos US$3,000 millones para lo que queda de 2026 y US$26,000 millones para 2027.
Detrás de la deuda externa del país hay nombres propios. Unas pocas empresas públicas concentran montos que superan a los de cualquier grupo privado, y entre las privadas la presión no está donde más se debe, sino donde la deuda es cara o vence pronto.
Cómo leer estas gráficas. Las cifras son la deuda financiera consolidada que cada empresa reporta (préstamos y bonos, en pesos y en dólares, dentro y fuera del país), por eso no se suman a la deuda externa. Hay dos formas de medirla: el tamaño, en dólares, y el apalancamiento, que compara la deuda con el EBITDA, la caja que genera el negocio en un año. Una empresa grande puede deber mucho y estar sana; una pequeña puede deber poco y estar en apuros.
Más que las otras dos grandes empresas públicas y todos los privados del ranking juntos.
Ecopetrol, EPM y el Grupo Energía Bogotá. Su costo de financiamiento sigue a la calificación de Colombia.
Tasa de los bonos a 2032 que colocó en junio. La deuda privada es más cara que la pública.
El productor de gas está en un proceso de insolvencia en Canadá, reconocido por Supersociedades.
Las públicas pesan por tamaño. Ecopetrol cerró junio de 2026 con una deuda de COP 104.9 billones, unos US$30,500 millones, de los cuales US$10,000 millones son de ISA. Su relación deuda/EBITDA bajó a 2.0 veces gracias al Brent cerca de US$97, pero la calificación de S&P la dejó en BB-, junto al soberano. EPM debe COP 32.5 billones, el 69% fuera del país, y negocia refinanciar vencimientos de 2026 y 2027. El Grupo Energía Bogotá debe US$5,746 millones, el 63% en dólares.
Ninguna de las tres tiene problemas de pago hoy: generan caja estable y sus indicadores están dentro de sus propios límites. El riesgo es otro. Como sus dueños son la Nación, Medellín y Bogotá, los mercados las miden con la vara del país. Si Colombia pierde calificación, su deuda se encarece aunque sus negocios no hayan cambiado.
Las privadas pesan por costo y plazo. Avianca debe US$5,300 millones, la mitad en arrendamiento de aviones, y paga más del 10% por sus bonos nuevos. Promigas cerró marzo con COP 9.86 billones de deuda, 3.7 veces su EBITDA, y en junio emitió US$920 millones en bonos híbridos a 30 años. Celsia y Grupo SURA están bajando deuda: la primera redujo COP 890,000 millones en un año y la segunda planea reducir COP 1.5 billones en 2026.
Las petroleras medianas son el extremo opuesto: deben poco en términos absolutos, pero a tasas cercanas al 10%. Gran Tierra tiene US$606 millones en bonos frente a un patrimonio de US$132 millones. El caso límite es Canacol, que entró en insolvencia con US$495 millones en bonos sin garantía y hoy opera con un crédito de emergencia. Cementos Argos, en cambio, tiene más caja que deuda tras salir de su negocio en Estados Unidos.
La deuda externa de Colombia no es una sola: la deben el Gobierno, las entidades y empresas públicas, las empresas privadas y los bancos. Cada uno se endeuda con acreedores, plazos y riesgos distintos. Toca cada bloque para ver el detalle.
■ Corto plazo (hasta un año). Las empresas privadas deben US$33,059 M que vencen en menos de un año; el sector público, apenas US$1,121 M.
Millones de US$. Dos de cada tres dólares se deben a inversionistas internacionales, cuyo apetito depende de la calificación del país.
Participación en los desembolsos de deuda externa informados por empresas en 2025, según BanRep.
El riesgo no está donde está el saldo. El sector público debe el 61% de la deuda externa, pero casi toda a largo plazo. El sector privado debe el 39%, y un tercio de su deuda vence antes de un año. Cada año las empresas tienen que renovar más de US$30,000 millones, así que un salto del dólar o un cierre del crédito internacional las golpea antes que al Gobierno.
Una parte es deuda «en familia». Según el Banco de la República, a septiembre de 2025 el 16% de toda la deuda externa eran préstamos entre empresas del mismo grupo, como una matriz extranjera que financia a su filial en Colombia. Esa deuda suele ser más estable, porque la casa matriz rara vez corta el crédito a su propia filial en una crisis.
Las empresas públicas dependen del soberano. Ecopetrol, EPM y las demás entidades públicas deben unos US$37,000 millones al exterior. El Grupo Ecopetrol cerró junio de 2026 con una deuda total de US$30,500 millones, incluidos US$10,000 millones de ISA; no toda es externa, pero su costo sigue la calificación de Colombia. Un acuerdo con el FMI que mejore la percepción del país abarataría también su financiamiento.
Los bancos pesan poco. Deben alrededor del 13% de la deuda externa privada: el 55% en préstamos de bancos del exterior, el 41% en bonos y el resto en depósitos de no residentes. El Banco de la República sigue cada trimestre sus líneas de crédito externas, que son el primer termómetro de un cierre de financiamiento.
El diagnóstico del nuevo Gobierno compara lo que pasaría con la deuda si no se hace nada con lo que ocurriría si se aprueba su plan de ajuste.
Único de los tres que mantiene a Colombia en grado de inversión, en el último escalón.
Rebaja por el deterioro fiscal y la suspensión de la regla fiscal.
La nota más baja desde 1993. Proyectó un déficit de 5.6% del PIB en 2026 y deuda neta de 62.8%.
Por qué importa la tasa. Cuando la deuda sube y la tasa a la que se refinancia también, los intereses se comen el presupuesto. Según el Plan Financiero, los intereses del Gobierno rondaron el 4.3% del PIB en 2024. Con el TES a diez años cerca del 12.8%, cada peso que se refinancia cuesta más, y ese dinero sale de la inversión y el gasto social.
El juez independiente es escéptico. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) consideró «poco creíble» el plan fiscal de mediano plazo por sus supuestos optimistas. Estimó que cumplir la meta de 2027 exigiría medidas adicionales por 3.7% del PIB. La Ley de Rescate plantea 2.2 puntos: la brecha explica buena parte del interés en un ancla externa como el FMI.
Entre 2025 y 2026, el Tesoro usó operaciones de manejo de deuda poco habituales para bajar el costo de intereses. Ganaron tiempo, pero no corrigieron el déficit.
Se cambiaron bonos locales que vencían entre 2027 y 2035 por otros más largos. Solo el canje de septiembre de 2025 movió $18.4 billones de pesos.
Un swap de 1,614 millones de francos financió la recompra de unos US$2,000 millones de bonos en dólares. Se cerró con una ganancia reportada de US$85 millones.
Un crédito puente de 7,495 millones de francos (US$9,325 millones) para recomprar deuda con descuento. El franco se apreció y hubo críticas por el riesgo cambiario. Se canceló por completo en mayo de 2026.
Colombia empezó a construir una curva de deuda en euros para diversificar monedas y dejar de depender solo del dólar.
Ninguna opción funciona sola. Las operaciones de manejo de deuda reordenan vencimientos y bajan intereses, pero no cambian la diferencia entre lo que el Estado gana y lo que gasta. Mientras el déficit primario siga cerca del 3% del PIB, la deuda crece.
La combinación más probable es un ajuste fiscal tramitado en el Congreso, financiamiento de multilaterales y un instrumento del FMI que funcione como ancla de credibilidad. La reestructuración, que Colombia ha evitado incluso en las peores crisis, sigue siendo el escenario que todos los actores quieren descartar.
El FMI tiene varios instrumentos, con condiciones muy distintas. Colombia ya no califica para el más flexible, así que cualquier acuerdo nuevo vendrá con metas y revisiones.
Colombia la tuvo de 2009 a 2025. La canceló en octubre de 2025, después de que el FMI cuestionara la suspensión de la regla fiscal.
Funcionaría como un seguro: no hace falta desembolsar desde el primer día. Colombia nunca la ha usado.
Colombia firmó acuerdos Stand-By en 2003 y 2005.
El precedente es 1999: US$2,700 millones en plena crisis fiscal y financiera.
Servicio Ampliado por US$2,700 millones en la peor crisis económica en décadas.
Acuerdos Stand-By, el segundo con carácter precautorio.
Colombia obtiene por primera vez la Línea de Crédito Flexible, un seguro que renueva durante 16 años.
Durante la pandemia, retira US$5,400 millones de la línea. En agosto de 2026 ya no debía nada por ese desembolso.
Última renovación de la línea: 6,133.5 millones de DEG (unos US$8,100 millones), sin desembolsos.
Tras las objeciones del FMI por la suspensión de la regla fiscal, Colombia cancela la línea.
El presidente De la Espriella ordena negociar con el FMI.
Hacienda pide adelantar el Artículo IV y prepara una misión técnica a Washington. Todavía no hay monto ni instrumento.
Los analistas esperan metas cuantitativas de déficit y deuda, en línea con el ajuste de unos $40 billones de pesos que propone la Ley de Rescate.
Una combinación de menos gasto y más recaudo. En el Congreso ya se discute si eso implica nuevos impuestos.
Volver a una regla fiscal creíble y a un calendario verificable, con más transparencia en las operaciones de deuda.
Varios economistas coinciden en que el mayor valor de un acuerdo sería el «sello» de credibilidad para el plan de ajuste, que podría bajar las tasas que paga el país en el mercado.
Colombia no está en cesación de pagos ni cerca de ella: tiene acceso a los mercados, un banco central independiente y una larga reputación de pagador. Su problema es otro: un déficit que no cierra y una deuda que, sin cambios, seguiría creciendo cada año. Los mercados ya cobran ese riesgo con tasas de dos dígitos.
El FMI puede aportar dinero más barato, pero su verdadero valor sería prestar credibilidad a un ajuste que el país igual tendría que hacer. El costo es aceptar metas y revisiones externas, algo políticamente sensible que el Congreso tendrá que respaldar.
Nuestra tesis: el acuerdo con el Fondo no reemplaza la reforma fiscal, la hace creíble. Si la Ley de Rescate avanza y el acuerdo llega pronto, Colombia puede estabilizar su deuda sin sobresaltos. Si ninguna de las dos cosas ocurre, la presión de los mercados decidirá los tiempos.
Se aprueba la Ley de Rescate y se firma una Línea de Precaución o un Stand-By precautorio. Las tasas bajan de forma gradual y la deuda se estabiliza cerca del 60% del PIB.
Se aprueba una reforma parcial, sin acuerdo o con uno pequeño. El déficit baja poco, las calificadoras mantienen la presión y la deuda sigue subiendo, aunque más despacio.
La reforma se estanca y el mercado exige tasas cada vez más altas. Colombia tendría que buscar un programa más grande y exigente, del tipo del Servicio Ampliado de 1999.
Qué instrumento pide Colombia, por qué monto y con qué calendario. Cualquier acuerdo debe pasar por el Directorio del FMI.
Si logra mayorías y cuánto del ajuste de 2.2 puntos del PIB sobrevive a la negociación política.
La reacción de las tasas y del riesgo país al acuerdo, y si Moody's mantiene el último escalón del grado de inversión.
El Gobierno amplió el presupuesto en 10% frente al proyecto anterior, sobre todo para pagar intereses y vencimientos.
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